Darío Fritz
Somos agua. Tres cuartas partes de nuestro cuerpo está constituido por agua. En eso abunda la igualdad. No importan identidades de género, color de piel, clases sociales, estatura o cualidades profesionales. El problema está al momento de ingerirla, allí se transforma para adquirir valor, como las pepitas de oro que buscan los garimpeiros en la Amazonia brasileña o el negocio de los tubos de oxígeno en los peores momentos de la pandemia reciente. ¿Pagar por aire? Sí. ¿Pagar por agua? También. Aparece entonces la desigualdad, por consumirla o por contar con ella para los más elementales menesteres. Agua que no has de beber, dice el lugar común del refrán, déjala correr. O sea, no te metas en lo que no te importa. El problema es que cuando la dejas correr más de un codicioso en saltarse las leyes se la apropia. O se beneficia de la incompetencia de otros.
Dos incidentes en el transcurso de este año entre habitantes de comunidades ejidales y fuerzas de seguridad dejaron traslucir las apetencias por el agua en los negocios privados de la política. A catorce pobladores de Rincón de Tamayo, Guanajuato, la policía local los torturó cuando reclamaban que el municipio de Celaya no les quitará el control de los pozos de agua. Después de una investigación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó los excesos policiales y emitió una recomendación aceptada por el Ayuntamiento. Pero el problema de fondo, el control político del agua para aportar al desarrollo de la zona, no se ha resuelto.
En el vecino Querétaro, una ley de aguas aprobada en el Estado ha dado lugar a la apropiación de tierras ejidales por supuestos funcionarios estatales. La comunidad de Escolásticas en el municipio de Pedro Escobedo protestó en julio pasado y recibió como respuesta del ayuntamiento detenciones y golpizas por parte de la policía. El desarrollo de nuevos emprendimientos inmobiliario en la zona sería imposible sin el control de los manantiales.
La defensa del medio ambiente se paga muchas veces con la pérdida de vidas. 2021 fue el año récord en México con 54 ambientalistas asesinados. En 2022, más de medio millar de ataques directos y 24 muertes. La disputa por el agua es una de las razones detrás de los crímenes. Álvaro Arvizu Aguiñiga, defensor del uso del agua y la agroecología en el Estado de México, fue la víctima más reciente en junio pasado.
Escribió el poeta Francisco Segovia: “Agua que corta de golpe todo rastro/ agua sin huella para el policía/ sin olor para el sabueso/ agua en que el pecador lava su crimen”. La apropiación del control del agua se hace también con leyes para beneficio de pocos. En México, 76% del agua potable concesionada se destina al sector agropecuario. Estas concesiones no están obligadas a pagar por el agua. Para su mayor suerte -si se le puede llamar así- también se les subsidia la energía empleada en los procesos de bombeo. Lo dice el IMCO en un informe de la semana pasada que habla de las desigualdades en el cobro de tarifas por el servicio y los perjuicios para la población más vulnerable.
Se cuenta que en un día de calor asfixiante del año 49 a.C., similar a cualquier otro de la crisis climática de nuestros días, Julio César dejó aislado a los pompeyanos cerca del Ebro en Lérida. Aturdidos por la inclemencia del sol y sin agua, a pesar de tener ríos a la vista, en pocas horas capitularon sin combatir. Fue una oportunidad única, resuelta con inteligencia –Julio César fue magnánimo luego con los derrotados. Las batallas del presente como las futuras son de “agua a galope y a degüello, como una horda de mongoles que aniega el llano y ahoga la esperanza”, a decir de Segovia.
(La música elegida sólo pretende acompañar la lectura. Espero la disfrutes.)